miércoles, 5 de marzo de 2008

Justicia para pobres y ricos

Mirad bien a la mujer de la izquierda de la imagen. Es Esperanza Delford. Su nombre ni siquiera os sonará a muchos porque se trata de una persona anónima. Su pecado es ser esposa de un gaditano de La Viña que en su día padeció la lacra de la droga y, en su alocada búsqueda de medios para pagar los gastos que ello conllevaba, entró en una casa de la que se llevó un grupo de figuritas de belén. Francisco Dalde estaba desencajado y en aquel domicilio no halló nada de dinero, así que, en su desesperación, metió en una bolsa unas cuantas figuras del Nacimiento para revenderlas a precio de saldo, sin saber que aquellas imágenes tenían un gran valor. Las ofreció a mil, dos mil pesetas de las de aquella época, hace nueve años, al desconocer lo que tenía en sus manos. "Pero si fíjate, le falta una mano a ésta, ¿cómo vas a venderla?", le decía Esperanza en su ingenuidad.

A Francisco Dalde lo ha detenido la polícia hace pocos días. Iba con su hija, había olvidado ya aquellos ominosos años porque Paco logró rehabilitarse y encauzar felizmente su vida en el barrio gaditano de La Viña, con su mujer, con su familia,... Ha recibido el mazazo de la condena de dos años de prisión por lo que sucedió en aquel momento y ahora se encuentra ingresado en la cárcel de Puerto III. Él supo que tenía que solucionar aquella papeleta y pagar por lo que hizo, de manera que cuando encontró un trabajo comenzó a liquidar por mensualidades los costes de aquellas figuritas y así lo está haciendo religiosamente, a razón de unos 300 euros al mes que debe extraer de su sueldo para paliar el daño que hizo con aquel robo. Pero no contento con ello, ahora lo envían a la cárcel. Y nada menos que a la de Puerto III.

El abogado de Paco ha comenzado a movilizarse para pedir la suspensión de la condena. Su mujer ha declarado este pasado viernes en los juzgados, y a la petición de indulto de este hombre se ha unido el Ayuntamiento de Cádiz y ayer el propio Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

Mientras, otros verdaderos sinverguenzas, estafadores, malas personas y ladrones están en la mismísima calle. No es cuestión de hacer demagogia, pero los hechos son palmarios. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo que Alberto Cortina y Alberto Alcocer interpusieron contra la condena de tres años y cuatro meses de prisión que les impuso el Tribunal Supremo por la estafa de Urbanor. El fallo, acordado en una reunión extraordinaria de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, exonera a los Albertos de la acusación de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la parcela donde se ubican las Torres KIO de Madrid. Los socios perdieron 4.084 millones de pesetas (24,5 millones de euros) en la operación, porque recibieron una carta desde la sociedad KIO en la que les ofrecían 150.000 pesetas (901 euros) por metro cuadrado de los terrenos, mientras que los Albertos, socios mayoritarios, pactaron un precio de 231.000 pesetas (1.388 euros). La venta se cerró el 7 de enero de 1987. El Supremo condenó en marzo de 2003 a los Albertos a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid les había absuelto tres años antes porque consideraba que el delito que habían cometido a finales de los ochenta había prescrito. Sin embargo, el Supremo falló que éstos engañaron a sus socios de Urbanor en la venta del terreno.

¿Hay una justicia para los ricos y otra para los pobres?

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